Incidencia

Reforma a la Ley de Víctimas: el debate continúa en el Congreso

Este lunes se realizó virtualmente en el Congreso de la República una sesión de análisis a la reforma a la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas. Si bien hay consenso en distintos sectores respecto a la urgencia de ampliar la vigencia de la Ley, hay un llamado a superar los distintos vacíos e incumplimientos y a fortalecer los aspectos centrales que pueden hacerla realmente efectiva para casi 9 millones de víctimas en Colombia.

Por Prensa CODHES

Con un universo de víctimas del conflicto armado que se acerca a los casi 9 millones en Colombia, y un país que no ha logrado implementar el Acuerdo de Paz y donde las violaciones a los derechos humanos continúan, los desafíos de una reforma a la Ley son amplios. Así fue manifestado por los distintos sectores que participaron este lunes 4 de mayo durante la sesión de análisis a la reforma a la ley 1448 convocada por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 del Congreso de la República.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, intervino en esta sesión entendiendo no sólo que es necesario la ampliación de la vigencia de la Ley sino particularmente la necesidad de avanzar en una reforma desde un enfoque de goce efectivo de derechos de las víctimas. Para esto, señaló CODHES en su intervención en la Comisión, deben considerarse al menos tres aspectos para fortalecer la reforma a la Ley:

(DESCARGUE AQUÍ LA INTERVENCIÓN DEL 4 DE MAYO DE 2020 DE CODHES SOBRE REFORMA A LA LEY 1448 DE 2011)

  1. Reforzar el financiamiento de la política de víctimas que garantice un enfoque de goce efectivo de derechos a las víctimas. Según la presentación del Ministro de Hacienda ante la Corte Constitucional en la audiencia pública sobre la prórroga a la ley de víctimas en octubre del año pasado, en relación con el balance de las ejecuciones fiscales de la ley 1448 de 2011 desde su nacimiento, se han ejecutado 132,7 billones de pesos para la implementación, de los cuales 41,4 corresponden al Sistema General de Participaciones, es decir el gobierno nacional ha ejecutado 91,3 billones del presupuesto nacional. Sin embargo, tanto la  Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado como la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas han insistido en que los recursos destinados a las víctimas se encuentran sobre estimados por el Gobierno, puesto que aquellos destinados a salud y educación deben dirigirse a toda la población colombiana independientemente de la condición de víctima. Según las Bases del actual Plan Nacional de Desarrollo la política de víctimas “se concentró en atender la emergencia producida por la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y posteriormente en las medidas de asistencia a esta población. No obstante, en la actualidad los esfuerzos se deben centrar en las medidas de reparación, en el marco de un proceso transicional, que por definición es temporal”.

En materia presupuestal, si bien la ley 1448 de 2011 ha permitido la focalización de un mayor presupuesto a la política de víctimas pasando de $6,3 billones en 2011 (a pesos constantes del 2019) a $14,7 billones en 2019. Desde UARIV se ha evidenciado y declarado en múltiples pronunciamientos el desfinanciamiento para dar cuenta de las medidas e implementar cada uno de los componentes de la reparación integral. La CSMLV estableció que se requieren alrededor de $115,9 billones anuales para cumplir los objetivos previstos en la Ley 1448 de 2011. con lo cual, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual de $38,6 billones. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones.

2. Garantizar que cualquier ajuste se hace bajo lo principios de progresividad y de no regresividad. En este particular, se considera que si bien las víctimas gozan de un componente de priorización para acceder a la oferta social del Estado, en algunos casos esto no es suficiente y se requieren programas y políticas especificas para víctimas, igualmente debe evitar confundirse la política de reparación con la política social del Estado, pues si bien ambas son complementarias, las víctimas presentan vulnerabilidad y necesidades específicas.

3. Fortalecer un enfoque integral de la reparación y transformación de las condiciones de existencia de las víctimas, sin desconocer la necesidad de mantener y financiar medidas asistencia ante la continuidad de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país.

Marco Romero, Director de CODHES, durante su intervención mencionó la necesidad de mantener la financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado. Esto frente a la posibilidad que se ha escuchado recientemente de financiar con estos recursos parte de la emergencia en salud por el COVID-19.

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Catalina Robayo, abogada de CODHES que presentó la intervención de CODHES durante la sesión, mencionó que en una posible reforma desde un enfoque de reparación integral debe centrarse en la implementación del Acuerdo de Paz, no solo en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), sino también en al menos tres aspectos: “el desarrollo rural integral, la coordinación nación territorio y los derechos de las víctimas en el punto 5 del Acuerdo de Paz”.

Sobre este aspecto, CODHES señala en su intervención que “la reparación integral a las víctimas es central para la garantía de la implementación del Acuerdo Final. Es necesaria la articulación del SIVJRNR para que las decisiones de la JEP se enmarquen en los parámetros de la ley con un enfoque transformador de la vida de las víctimas. Pero además es necesario garantizar que en el marco del sistema atención y reparación se coordinen los diferentes mecanismos establecidos en el Acuerdo. En relación con el Acuerdo Final, punto 5to, estableció como parte de las medidas de reparación integral, el fortalecimiento de la reparación colectiva. En esta vía, se estableció que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET- “incorporarán los planes de reparación colectiva; y en los territorios donde no se implementan los PDET se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando las iniciativas de las comunidades.

“Cualquier reforma implica al menos además implica al menos dos compromisos adicionales: la profundización de los derechos de las víctimas y hacerla desde la perspectiva de su adecuación a los fines del Acuerdo de Paz. Sin embargo, como se ha señalado, el legislativo se encuentra en mora de cumplir con este deber”, señaló la abogada Robayo de CODHES.

“Las posibles reformas a la Ley deben tener como base central el horizonte de avanzar hacia el Goce Efectivo de Derechos de las víctimas, por lo que el Estado deberá reconocer su deuda histórica para con ellas”, Catalina Robayo, CODHES durante su intervención en la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 del Congreso.

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