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Informe revela la barbarie que durante más de tres décadas vivió la población de los Montes de María

  • Más de 158 mil víctimas de desplazamiento, en los últimos 30 años, ha dejado la violencia en esta región del país, señala el estudio.
  • Más de 82.600 hectáreas de tierra fueron abandonadas por los campesinos debido al miedo y la violencia instaurada por grupos criminales, en complicidad con grupos de las fuerzas armadas y el Estado.
  • Los hallazgos del informe fueron entregados al Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Roux.

Un reciente informe revela la barbarie, violencia y terror que durante más de tres décadas han vivido los habitantes de los Montes de María, en el Caribe colombiano.

En el Informe “Montes de María Bajo Fuego” y que fue presentado a la opinión pública este jueves a través de un foro virtual, se afirma que durante los últimos 30 años la violencia en esta región del país ha dejado más de 158 mil víctimas de desplazamiento masivo provocado por guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y el Estado.

El Informe, realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, la Fundación Cultura Democrática, la Corporación Opción Legal, la Universidad Tecnológica de Bolívar y las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María, reveló varias tesis respecto al conflicto armado, la violencia, los actores y los impactos en la región, como la descampesinización.

“Este es un documento creado desde las víctimas con el fin único de aportarle a la verdad y a su reparación, por eso lo entregamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con el objetivo de que sea un insumo valioso para reestablecer los derechos de sus pobladores”, afirmó Marco Romero Silva, Director de CODHES.

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El documento detalla cómo la violencia en los Montes de María fue usada como un recurso para mantener y profundizar la concentración de la tierra y dar paso a un modelo de desarrollo en la región que ha afectado y empobrecido profundamente la vida de los campesinos de la región.

En el Informe, las organizaciones sociales explican cómo, en la segunda mitad de la década de los 90s, con la llegada del paramilitarismo a la región y el apoyo de sectores Estatales, comenzaron las masacres y el desplazamiento forzado de campesinos que, en conjunto con la guerra librada con la guerrilla de las FARC-EP y el narcotráfico, dejaron durante aproximadamente tres décadas más de 158 mil víctimas de desplazamiento y más de 82.600 hectáreas abandonadas.

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Uno de los hallazgos que se encontraron en la realización del informe, fue el impacto de los cambios políticos y sociales de los acuerdos de paz de inicio de los 90s y la persecución violenta contra ex guerrilleros y ex milicianos amnistiados principalmente del EPL.

Incidencia de las FARC-EP

En otro de los apartes del informe, el análisis se centra en establecer la verdadera incidencia de las FARC- EP en la zona, guerrilla que logró consolidarse militarmente en los Montes de María entre 1987 y 2007, y la cual violentó a campesinos ricos que tenían sus haciendas en las zonas planas contiguas a la serranía, con la excusa de que apoyaban al paramilitarismo. En particular atacaron con saña, revela el estudio, de manera sistemática a algunas familias como los Meza, los Méndez y los Teherán.

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El informe también señala que para mediados de los 90s, las FARC-EP crecieron en su actividad militar, adjudicándoseles 13 tomas de corregimientos de la zona y años después, hacia el 2001, realizaron el derribamiento de 50 torres de energía y sostuvieron más de 40 combates con el ejército. Finalmente, el grupo insurgente fue derrotado de forma militar años después con la muerte de su comandante en la zona, Martin Caballero.

Paramilitarismo y nexos con integrantes de la fuerza pública

El documento detalla igualmente cómo el conflicto en Montes de María se complejizó y agudizó con la intervención de los paramilitares y su actuar amparado en las cooperativas de seguridad privada CONVIVIR, hasta convertirse en una barbarie generalizada contra los campesinos, dirigentes sociales y políticos alternativos, en un proceso que se extendió desde mediados de los 90 hasta el primer lustro del presente siglo.

Señala el informe que entre 1996 y el 2001 los paramilitares ejecutaron más de 70 masacres contra campesinos de los pueblos y veredas, que arbitrariamente consideraban eran supuesto apoyo de la guerrilla o que se ubicaban en zonas de tránsito de alucinógenos, en este caso para no tener testigos de sus actividades narcotraficantes. Siete de esas masacres se realizaron en zonas urbanas y las restantes 64 en zonas rurales. Hubo masacres en todos los municipios, pero los más afectados con ellas fueron El Carmen de Bolívar con 18, Ovejas con 7, San Onofre con 6, San Jacinto con 6 y María la Baja con 6.

El estudio señala que a la par de estos actos delictivos, los paramilitares se aliaron con instituciones del Estado local y regional, en conjunto con los clanes familiares representativos de las élites de poder de la región y ligados al narcotráfico, dando lugar a una especie de Estado mafioso.

Incompetencia y negligencia del Estado hacia las víctimas

El informe es directo en señalar y responsabilizar al Estado colombiano de no cumplir con su misión de protección y garantía hacia la ciudadanía ni hacia la población campesina, y otros sectores masiva y gravemente victimizados. Por el contrario, señalan, tuvo responsabilidades directas por acción u omisión ante la campaña violenta emprendida por el paramilitarismo por más de una década, y participaciones cómplices en algunas de las masacres perpetradas.

A pesar de esto, el estudio concluye que las comunidades montemarianas están reconstruyendo sus sueños, pues parte del campesinado ha retornado aún sin contar con las garantías requeridas, han surgido movimientos sociales en demanda de la paz y de los derechos de las víctimas de especial fortaleza y de forma creciente, la ciudadanía rechaza las dinámicas de arbitrariedad, recurso a la violencia y la guerra, y se inclinan a la búsqueda de alternativas que permitan la recuperación de una institucionalidad estatal garantista y transparente, el ejercicio de sus derechos y la convivencia pacífica.

Más Información

Prensa CODHES.

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